El 1 de enero de 1995, el entonces presidente Ernesto Zedillo tomó la decisión de cerrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y separar de su cargo a los 26 ministros que la integraban, mediante la figura de jubilación inmediata. Esta medida se extendió durante un mes, y fue respaldada por la aprobación de reformas a 20 artículos constitucionales por parte de senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales.
Motivaciones y contexto
La decisión de Zedillo se presentó como una respuesta a la demanda ciudadana de una mejor impartición de justicia. Sin embargo, se especuló que el verdadero motivo detrás de esta acción era evitar que la Corte estuviera compuesta por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.
En aquel momento, la atención de los medios estaba centrada en otros temas que afectaban al país, como el colapso económico debido al «error de diciembre», la vigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la revelación próxima de la identidad del subcomandante Marcos. Además, se encontraba la incertidumbre sobre si el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) brindarían ayuda financiera a México.
Reforma al Poder Judicial
La reforma al Poder Judicial de la Federación llevada a cabo por Zedillo fue considerada la más importante desde 1824. Esta reforma incluyó la reducción de 26 a 11 ministros en la SCJN, la creación del Consejo de la Judicatura y la incorporación de nuevos recursos legales, como la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad. Además, se estableció un límite de 15 años para ocupar el cargo de ministro, que anteriormente era vitalicio.
Críticas y consecuencias
La supresión temporal de la Corte y la designación de 11 nuevos ministros generaron controversia en varios sectores, que consideraron esta medida como un golpe de Estado por parte de Zedillo. Según los académicos Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Arrieta, de la UAM-Azcapotzalco, en su trabajo «La reforma al Poder Judicial de 1994, ¿un golpe de Estado?», esta acción fue considerada como un golpe debido a la forma en que se llevó a cabo.
Los ministros cesados
Aunque se utilizó la figura legal de la jubilación inmediata, los 26 ministros de la SCJN fueron cesados el 1 de diciembre de 1995, fecha en la que entró en vigor el decreto de reformas constitucionales. Entre los ministros que fueron separados de su cargo se encontraban Ulises Schmill Ordónez, quien era el presidente de la Corte en ese momento, y otros destacados juristas como Victoria Adato Green, Ignacio M Cal y Mayor Gutiérrez, Luis Fernández Doblado, Clementina Gil de Lester, Samuel Alba Leyva, entre otros.
La reforma al Poder Judicial de la Federación en México ha sido descrita como la más importante desde 1824. La renovación de la Corte Suprema fue una parte fundamental de esta reforma.
Sin embargo, hoy en día resulta difícil documentar los debates parlamentarios que tuvieron lugar durante este proceso. Para conocer más sobre la historia de la renovación de la Corte, se requeriría una larga y exhaustiva revisión de los archivos.
Revocación de la corte
En total, 26 ministros fueron cesados en el proceso de renovación de la Corte. De estos, solamente dos fueron propuestos por el entonces presidente Zedillo para formar parte de la nueva Corte: Mariano Azuela Güitrón y Juan Díaz Romero.
Zedillo envió una propuesta con 18 nombres para que el Senado eligiera a los otros nueve ministros, lo que finalmente ocurrió por votación unánime. Así, la nueva Corte quedó integrada por: Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Humberto Román Palacios, Guillermo Ortiz Mayagoitia, José de Jesús Gudiño Pelayo, Genaro Góngora Pimentel, Juventino Castro y Castro, Salvador Aguirre Anguiano y José Vicente Aguinaco Alemán, además de Azuela Güitrón y Díaz Romero.
En el Senado, la votación del PRIAN fue unánime. Sin embargo, los tres diputados del PRD, opositores férreos a la reforma, se salieron de la sesión sin votar: Guillermo del Río, Heberto Castillo y Félix Salgado Macedonio.
Los juristas y académicos Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Arrieta citan argumentos de Eduardo Andrade Sánchez, senador del PRI, quien refutó la tesis del apresuramiento del proceso de reforma y señaló que se llevaron a cabo múltiples consultas para recoger ideas y opiniones sobre las transformaciones para el sistema judicial. De hecho, se realizaron foros en Durango y Veracruz con este fin.
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