La reciente publicación de la reforma de la «supremacía constitucional» por el gobierno de Claudia Sheinbaum en el Diario Oficial de la Federación marca un momento crucial en la historia política de México. Esta reforma, que impide la impugnación de reformas constitucionales aprobadas por el Poder Legislativo, plantea serias interrogantes sobre el futuro de nuestra democracia y los derechos de los ciudadanos.
El 31 de octubre, se oficializó una modificación que incluye el artículo 105 de la Constitución, estableciendo que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”. Así, las reformas constitucionales quedarán blindadas, sin posibilidad de revisión judicial, lo que podría despojar a los ciudadanos de sus herramientas para defender sus derechos ante cambios arbitrarios.
Los defensores de esta reforma argumentan que se busca simplificar el marco normativo y reducir el número de controversias que puedan obstaculizar la implementación de reformas necesarias para el país. Sin embargo, esta justificación no puede ocultar las implicaciones más serias de la medida: la eliminación de las salvaguardias que garantizan la protección de nuestros derechos fundamentales.
Desde la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte, la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo ha ido en aumento, evidenciando un conflicto que podría desestabilizar el equilibrio de poderes. La reforma se produce en un contexto donde el gobierno ha intentado, de diversas maneras, subordinar al Poder Judicial, desde recortes presupuestales hasta propuestas que limitan la capacidad de los jueces para actuar en defensa del interés público.
La aprobación de esta reforma, por parte de 23 congresos estatales y del Congreso de la Ciudad de México, debe ser analizada con preocupación. Los diputados del Estado de Hidalgo y de otros estados serán recordados por estas decisiones, pues la ciudadanía confió en ellos para defender sus intereses y derechos. Es desalentador observar cómo muchos de estos representantes han optado por el silencio y la complicidad, traicionando las promesas realizadas durante sus campañas.
Los escenarios futuros son inquietantes. Imaginemos un congreso local que apruebe reformas sin seguir los procedimientos adecuados o sin el quórum necesario. Sin la posibilidad de impugnar tales decisiones, la Constitución podría convertirse en un instrumento del poder en lugar de un pacto social que garantice los derechos de todos.
El llamado de atención es claro: defender la división de poderes es defender nuestros derechos. Si permitimos que esta «supremacía constitucional» se convierta en una excusa para el abuso de poder, corremos el riesgo de construir un futuro en el que la justicia y la equidad sean meras ilusiones. En lugar de avanzar hacia un estado de derecho más robusto, podríamos estar condenándonos a un régimen donde la arbitrariedad y el capricho del poder definan nuestro destino.
La historia recordará si elegimos defender nuestra democracia o permitir que la consolidación de un poder absoluto marque el rumbo de nuestro país. Este es un momento crítico que no podemos ignorar; la defensa de nuestros derechos y libertades está en juego.
Licenciado en Mercadotecnia con énfasis en marketing político, egresado de la maestría en Gobierno y Gestión Local, destaca como analista político y coordinador de campañas políticas. Su experiencia incluye roles como ex funcionario universitario, presidente de la Asociación de Marketing del Estado de Hidalgo A.C., así como presidente de la Asociación de Profesionistas Egresados de la UAEH A.C. Su perfil integral refleja un compromiso con la mejora continua y la promoción de valores éticos en la mercadotecnia política, consolidándolo como un referente en su campo.
