Los habitantes de las colonias San Antonio del Desmonte y La Palma en Pachuca han encendido las alarmas debido a la llegada de un grupo de personas presuntamente asociadas con la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Este grupo se ha instalado en un terreno propiedad del DIF estatal, ubicado detrás de la casa de la tercera edad, lo que ha generado preocupación entre los vecinos por la seguridad y el uso del terreno.
La Invasión del Terreno: Una Historia de Despojo y Desatención
La Llegada de los Invasores
El lunes pasado, aproximadamente 50 personas llegaron al terreno que, según los vecinos, es propiedad del Gobierno del Estado y está en comodato a favor del DIF estatal. Este terreno había sido solicitado para la construcción de un deportivo, pero la petición nunca fue atendida. Los invasores retiraron los cables que delimitaban el terreno y comenzaron a lotificarlo en parcelas de 3×3 metros, lo suficiente para construir cuartos de madera y lámina.
Los vecinos, preocupados por la situación, realizaron llamadas al 911 para denunciar la invasión, pero no recibieron respuesta de seguridad pública. Además, contactaron al DIF estatal, específicamente a la Coordinación Jurídica a cargo del Licenciado Martín Dorantes Peña, quien indicó que el asunto era competencia de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado.
La Respuesta de las Autoridades
A pesar de las notificaciones y los intentos de los vecinos por obtener una respuesta rápida, ha pasado una semana sin que el Gobierno del Estado tome cartas en el asunto. Las personas que invadieron el terreno continúan construyendo cuartos de lámina, lo que ha intensificado la preocupación de los residentes sobre la seguridad y la legalidad de estas acciones.
Las autoridades notificadas incluyen a:
- Lic. Martín Dorantes Peña, Director de Asuntos Jurídicos del Sistema DIF Hidalgo.
- Mtro. Ricardo Enrique Alvizo Contreras, Titular del Sistema DIF.
- Lic. Raúl Serrat Lara, Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado.
- Lic. Marisol Rivera Escamilla, Directora de Asuntos Corporativos.
El Impacto de la Invasión en la Comunidad
Preocupaciones de Seguridad
La instalación de viviendas improvisadas en el terreno ha generado un foco de inseguridad. Los vecinos temen que estas construcciones, algunas ya habitadas y otras vacías, puedan atraer actividades delictivas y alterar la tranquilidad de la comunidad. Además, la falta de servicios básicos en estas áreas podría derivar en problemas de salubridad y deterioro urbano.
La Lucha por la Legalidad y la Transparencia
La situación pone de manifiesto la necesidad de una respuesta efectiva y transparente por parte de las autoridades. La falta de acción hasta el momento ha dejado a los vecinos en una posición de vulnerabilidad y desconfianza hacia las instituciones encargadas de proteger los bienes y la seguridad de la comunidad.
¿Qué es la UNTA y por qué están involucrados en esta invasión?
La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) es una agrupación campesina conocida por defender los derechos de los trabajadores agrícolas. Sin embargo, en este caso, se les acusa de invadir ilegalmente un terreno propiedad del DIF estatal en Pachuca, lo que ha generado preocupación y descontento entre los vecinos afectados.
¿Qué acciones han tomado las autoridades hasta ahora?
Hasta el momento, las autoridades notificadas, incluyendo el DIF estatal y la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, no han tomado medidas concretas para desalojar a los invasores. Los vecinos han reportado la situación y han solicitado intervención, pero no han visto una respuesta efectiva.
¿Cómo pueden los vecinos proteger su comunidad en esta situación?
Los vecinos pueden continuar denunciando la invasión a través de canales oficiales y buscar apoyo de organizaciones de derechos civiles. Además, es crucial que mantengan una comunicación constante con las autoridades locales y estatales para presionar por una resolución rápida y justa.
La situación actual en San Antonio del Desmonte y La Palma no solo es un llamado de atención para las autoridades, sino también una oportunidad para que la comunidad demuestre su capacidad de organización y defensa de sus derechos. La intervención efectiva y la transparencia en la gestión de este conflicto serán fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados.
